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Save The Children México afirma que las personas en movilidad se han visto inmersos en escenarios marcados por la inseguridad y la falta de acceso a documentación confiable y servicios esenciales
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Diversos escenarios marcados por la violencia, la inseguridad y la falta de acceso a documentación confiable y servicios esenciales ha hecho del año 2023 uno de los más hostiles para las personas migrantes en México.

De acuerdo con la organización internacional Save The Children, la urgencia de abordar estos desafíos se manifiesta de manera crítica, especialmente en el contexto mexicano.

Eventos catastróficos en el balance de los últimos meses revela una serie de tragedias que exigen una acción inmediata y un compromiso renovado para abordar las crisis humanitarias en torno a la migración, asegura la organización.

Migrar no es delito


Uno de estos eventos fue el ocurrido en marzo, en Ciudad Juárez, donde decenas de migrantes perdieron la vida en condiciones inhumanas, encerrados y carbonizados en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM).

Este incidente representa un símbolo de la desesperación y vulnerabilidad que enfrentan aquellos que buscan una vida mejor.

José Lugo, coordinador de incidencia política de protección a la niñez de Save The Chidren, recordó en entrevista para EL DEBATE que en México no es delito penal el que una persona ingrese de manera irregular al país y solo es una falta administrativa. Sin embargo, el aumento en los flujos migratorios, la falta de presupuesto y las políticas públicas mal ejecutadas han provocado gran hostilidad para los migrantes.

Migración insegura


Entre esas políticas se encuentra la tarjeta de visitante por razones humanitarias para personas migrantes que emite el Instituto Nacional de Migración (INM) de forma obligatoria.

El especialista explicó que se crean una serie de requisitos que hacen que las personas migrantes no entiendan muy bien el procedimiento y cuando quieren avanzar y son detenidas por agentes de migración o la policía, siendo muchas veces extorsionados.

No hay políticas públicas claras donde las personas migrantes sepan qué documento y cuáles son los derechos a los que tienen acceso y por eso se da ese tema de la impunidad, extorsión, de los abusos, mencionó.

Niñez expuesta


Expuso que, en el caso de la niñez, existen las procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes que deberían de funcionar como representantes y asesores legales, generar un mecanismo de protección integral, pero están muy debilitadas, no tienen capacidades para poder intervenir, por lo que el acceso a la justicia para niñas y niños tampoco tienen estas posibilidades.

Violencia sexual en familias o acompañantes, el tráfico ilegal de migrantes, el reclutamiento forzoso, son algunos de los delitos que se cometen en contra de niñas y niños migrantes, pues no hay mecanismos para poder denunciar de manera segura, además de que no habrá una justicia expedita, señaló.

Sin presupuesto


José Lugo, coordinador de incidencia política de protección a la niñez de Save The Children, destacó que es importante que esta impunidad se vaya atajando y que las políticas públicas del gobierno sean más claras y transparentes. Además, los funcionarios que trabajan en las diferentes dependencias del gobierno deben conocer la ley, “porque son ellas las que muchas veces desconocen los marcos jurídicos y son los que vulneran los derechos de las personas”.

José Lugo aseguró que el panorama para 2024 no es alentador, ya que no se ha incrementado el presupuesto como se ha solicitado. “Sigue habiendo presupuesto para las obras insignia para este gobierno, pero no para el tema de derechos humanos ni para la protección a la niñez en general, no solamente los migrantes”.

Comitiva


Entre las acciones más recientes, tomadas por los mandatarios de México y Estados Unidos, es que una delegación norteamericana, encabezados por el secretario de Estado, Antony Blinken, visitará México.

Pero esto ocurre luego de que López Obrador criticó al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien pertenece al Partido Republicano, por firmar una ley para elevar a delito estatal el ingreso irregular a territorio texano. La nueva Ley SB4 da a la policía estadounidense la facultad de detener y deportar migrantes irregulares bajo criterios subjetivos, como la apariencia.

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