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Estos grupos delictivos utilizan las redes sociales para captar a sus víctimas y están integrados por personas locales e interestatales.
Estos grupos delictivos utilizan las redes sociales para captar a sus víctimas y están integrados por personas locales e interestatales.

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Durante su participación en el foro de las Unidades de Análisis y Contexto para atender la violencia feminicida, el Fiscal General del Estado, Óscar Montes de Oca, dio a conocer que su institución ha identificado al menos cuatro redes de trata de personas que operan en Cancún. Estos grupos delictivos utilizan las redes sociales para captar a sus víctimas ofreciéndoles trabajos ficticios.

Montes de Oca explicó que estas redes están integradas por personas locales e interestatales, ya que algunos victimarios operaban desde Veracruz y Oaxaca, los cuales ya fueron detenidos. Además, destacó que los delincuentes han abandonado el modo tradicional de trata de personas en hoteles y han migrado hacia las plataformas de rentas vacacionales.

La Fiscalía General del Estado ha sostenido pláticas con el sector hotelero para aplicar los protocolos de actuación en caso de detectar actos de pornografía infantil o trata de personas, pero indicó que ahora las plataformas de rentas vacacionales están siendo usadas para cometer estos delitos.

Para combatir esta problemática, la Fiscalía cuenta con policías encubiertos desde hace un año para detectar a los delincuentes. “Son jóvenes policías que simulan estar interesadas en estas situaciones, lo que ha resultado en detenciones de varias personas”, dijo el Fiscal General.

Por otro lado, Montes de Oca informó que la Fiscalía ya tiene el expediente del caso de la argentina Agostina Jalabert y que solicitaron la intervención de la Fiscalía de la Ciudad de México para determinar si están en lo correcto o no. En este sentido, señaló que dentro del caso hay funcionarios investigados por no recabar correctamente los indicios.

El Fiscal General indicó que están revisando los expedientes de los últimos siete años para determinar si hubo omisiones por parte de algún elemento de la fiscalía o la entonces procuraduría, para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.

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