El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) marcó este 1 de mayo, no solo como un día para conmemorar el Día Internacional del Trabajador, sino como un momento decisivo en la historia de las pensiones en México con la firma del decreto que establece el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este acto, aunque enmarcado en la retórica de la justicia social, ha sido fuente de intensas críticas y debates sobre la gestión de los fondos de las Afores.
El Fondo, que inicia formalmente el 1 de julio, propone redistribuir los recursos no reclamados por los trabajadores retirados o fallecidos para garantizar una pensión que refleje el 100% del último salario percibido por quienes ganen hasta 16,777.78 pesos. Según el Gobierno, este esquema beneficiará a unos 2.7 millones de trabajadores para el año 2050, utilizando recursos que ascienden a aproximadamente 40 mil millones de pesos.
Sin embargo, la estrategia ha generado una oleada de críticas por parte de expertos en economía y grupos de trabajadores, quienes argumentan que el decreto viola los derechos de propiedad sobre los ahorros personales y representa una intervención estatal excesiva en fondos privados. Además, se cuestiona la viabilidad de financiar las pensiones futuras basándose en fondos potencialmente insuficientes o inestables.
El decreto también estipula que las Afores y otras instituciones financieras deberán transferir automáticamente al Fondo los recursos de las subcuentas de trabajadores que no han reclamado su dinero al cumplir 70 años, lo cual ha intensificado el debate sobre la autonomía financiera y los derechos de los ciudadanos sobre sus ahorros para el retiro.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la supervisión del Banco de México como fiduciario, será la encargada de administrar este Fondo. Esto, para algunos, refuerza la centralización del manejo de los recursos retirados de la economía privada, alimentando preocupaciones sobre la eficacia y transparencia de este nuevo esquema.
En contraste, el Gobierno defiende la medida como una necesidad urgente para reforzar el sistema de pensiones y mejorar la calidad de vida de los retirados, especialmente aquellos con pensiones mínimas. La implementación de este fondo, según Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación, «reivindica el derecho de los trabajadores a una pensión suficiente y digna«.
Este 1 de mayo quedará, por lo tanto, grabado en la memoria colectiva como un día de división entre visiones de progreso social y la protección de los derechos económicos individuales. El debate sobre el balance adecuado entre intervención estatal y libertad económica continúa, y la historia juzgará la eficacia y justicia de las políticas implementadas por la administración de AMLO.
Créditos:
- Información basada en la cobertura de Infobae y comunicados oficiales del Gobierno de México.
- Datos adicionales provistos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México.
- Opiniones de expertos en economía y derecho recogidas de análisis independientes.
Fuente:
- Artículo original de Infobae sobre la publicación del decreto para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
- Comunicados del Gobierno de México.
