Entre 2016 y 2021, Liconsa mostró deficiencias operativas por la administración de riesgos, cobertura y hasta falta de claridad contable en programas de compra, venta y distribución de leche, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
«Persisten deficiencias operativas relacionadas con la administración de riesgos, cobertura, confiabilidad y claridad de la información financiera y la contribución del programa que, de continuar, seguirán limitado el cumplimiento del objetivo del Programa de Abasto Social de Leche», señaló la Auditoría en su revisión de la Cuenta Pública de 2021.
Detalló que entre 2020 y 2021, Liconsa reportó rendimientos operativos negativos, y en 2021 se registró una caída anual en las ventas de 13.2 por ciento, expuso la Auditoría en el reporte.
En lo que corresponde a la comercialización de leche y crema como subproducto, la empresa con participación paraestatal de leche a precio subsidiado redujo el número de contratos nuevos en 32 por ciento entre 2017 y 2021, se desprende del documento dado a conocer por la autoridad revisora.
«La empresa paraestatal indicó que esta situación se debió a ‘la precaria situación financiera (que se tiene) derivando en pérdida de clientes y en la dificultad de celebrar nuevos contratos'», detalló el informe presentado por la Auditoría.
De igual manera, se detectó que sólo durante 2021, Liconsa firmó 2 mil 249 contratos y convenios para comercializar leche líquida y en polvo a precio subsidiado, pero no se precisó la relación con los puntos de venta para la concesión mercantil.
En otro orden de ideas, el informe de la Cuenta Pública destacó que si bien la entidad fiscalizada alcanzó una cobertura de 94.3 por ciento de la población objetivo establecida en el «Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa», se podría hacer un mayor esfuerzo para beneficiar a la población de menos ingresos en el País y procurar equidad entre los estados atendidos, pues en donde se registran los mayores índices de pobreza no coincide con la principal cobertura.
«A pesar de que 39.4 por ciento de la población cuyo ingreso estaba por debajo de la línea de pobreza extrema se ubicaron en Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero y Oaxaca, estos estados concentraron a 15.6 por ciento de los beneficiarios del programa.
«En tanto que el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato agruparon 52.9 por ciento de los beneficiarios, lo que representó 26.4 por ciento de su población potencial», se detalló en el informe de la Auditoría.
