Cancún.- Alrededor de 35 empresas dedicadas a la construcción han dejado de trabajar en la ciudad, al ser blanco de extorsiones, amenazas e intimidaciones por parte de la delincuencia, lo que ha dejado a 4 mil 500 obreros sin empleo.
Así lo reveló en una entrevista José Juan Chilón, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores y Empleados Constructores (Sitec), quien lamentó que las autoridades no cuiden a la industria de la construcción.
Explicó que estas empresas que cerraron, con las cuales su sindicato tenía contratos colectivos de trabajo, decidieron irse a otros estados como Yucatán, donde cuentan con más garantías en seguridad pública.
Los últimos tres años han sido complicados para la industria, argumentó, debido al legado de la pandemia, pero ahora tienen que enfrentar los altos índices de extorsiones, amenazas, intimidaciones y agresiones que sufren los trabajadores de este sector en la zona norte.
«Hace casi tres años que esto está sucediendo y parece que la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad Ciudadana no existen», expresó.
El líder sindical señaló que están trabajando en la recuperación de los 120 mil empleos que se tenían antes de la pandemia, sin embargo, actualmente solo cuentan con 70 mil, debido a estas agresiones a la industria.
Señaló que el sector de la construcción no vislumbra, a corto plazo, una estrategia para recuperar la confianza de estos empresarios que decidieron migrar a otros estados.
Además, indicó que actualmente no cuentan con trabajadores migrantes, ya que las personas que venían de Mérida y los pueblos de Yucatán prefieren quedarse en esos lugares, porque aparentemente ese estado ofrece más garantías de seguridad pública.
Explicó que actualmente 70 mil familias dependen del salario base de cotización semanal de cada trabajador de la construcción, quienes además de enfrentar la inseguridad en sus centros de trabajo, muchas veces carecen de seguridad social, ingreso fijo y otras prestaciones.
El dirigente del Sitec hizo un llamado a las autoridades para que se sienten en una «mesa de seguridad real», donde estén presentes las personas afectadas y no se realice solo una mesa política como la que existe en Quintana Roo, que simula actos de investigación.
Precisó que los responsables directos para prevenir la inseguridad son los ayuntamientos, quienes expiden las licencias de construcción y podrían dar aviso, cuando se realiza el trámite, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al seguro social y a las autoridades competentes para que se organice un operativo de prevención del delito.
«De nada sirve que tengamos una Fiscalía deteniendo a mucha gente, si a la hora de ir a juicio no se tiene cómo acreditar el delito y salgan libres por falta de pruebas», expresó.
Expresó que «es el colmo» que en fraccionamientos como Puerto Cancún la delincuencia llegue y ejecute a un trabajador y no pase nada. Lamentó que, a pesar de la recurrencia de este delito, la Fiscalía realice el trabajo de investigación, pero no haya un solo delincuente condenado por este delito, a pesar de la cantidad de carpetas de investigación.
Explicó que, lamentablemente, si las denuncias por extorsión no pasan de la etapa inicial, no se incluyen en las estadísticas y lo más grave es que las personas que denuncian en la Fiscalía son amenazadas para que no continúen con el proceso.
