La empresa Calica logró una suspensión provisional contra nuevos actos de inspección ordenados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en su zona de explotación.
La medida cautelar la logró dentro del juicio de amparo indirecto 806/2023 que resuelve el Juzgado Segundo de Distrito, luego que en julio pasado la Profepa realizó una nueva inspección en el predio La Rosita, que permanece clausurado desde el primer semestre de 2022.
La filial de Vulcan, según el expediente, interpuso la demanda de amparo contra la orden y acta de inspección PFPA/4.1/2C.27.5/024/2023. La acción fue en un principio rechazada por el órgano jurisdiccional.
El pasado 29 de septiembre, se lee en el expediente, fue admitida finalmente con la medida cautelar a favor de la trasnacional. Se trata de la primera suspensión desde que comenzaron los procesos legales contra el gobierno mexicano.
Pero además, Calica no está satisfecha e interpuso una impugnación porque buscaba con ello que le retirarán toda la clausura. Por eso tramitó un recurso de queja que, en caso de ser admitido, deberá ser resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito, de Cancún.
Calica continúa con su proceso legal contra las medidas sancionadoras que ha interpuesto el gobierno federal a través de la Profepa, como la clausura de los predios La Rosita y El Corchalito, ubicados a unos 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen, donde por más de dos décadas extrajo material pétreo para ser enviado a Estados Unidos.
A la par, este particular persigue un proceso de derecho internacional que resuelve el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativas a Inversiones (Ciadi), bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues reclama que los actos en su contra comenzaron desde 2018, antes de la conclusión de la administración de Enrique Peña Nieto.
Sobre todos los juicios que ha iniciado Calica, aún pesan impugnaciones que ha presentado el gobierno de México que alega que el particular violó por años la legislación ambiental.
En su conferencia mañanera, el presidente advirtió que habrá una decisión legal de su gobierno antes de terminar el sexenio, luego de que no ha habido acuerdos por parte de la empresa para que el gobierno adquiera dos mil hectáreas de banco de arena en Quintana Roo.
