El papel que desempeñaba el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna en el gobierno de Felipe Calderón sigue siendo tema de interés debido al poder que tuvo en esos años, y el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy insiste en que era más poderoso que el presidente.
En su libro, Los años de lucha, el exmandatario volvió a tratar el caso Cassez-Vallarta, montaje en el que arrestaron a Florence Cassez e Israel Vallarta acusados de ser líderes de una banda de secuestradores, así como sus impresiones sobre la relación de poder entre García Luna, actualmente hallado culpable por delitos de narcotráfico, y el exmandatario panista.
Pues dijo que “la relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida: era el ministro quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés. Yo no conocía el motivo de aquella extraña situación”.
En sus memorias, señala que al inicio del caso, Calderón Hinojosa estaba más que dispuesto a que Florence Cassez fuera llevada a Francia. Al visitar México, fue invitado por Calderón y su esposa, Margarita Zavala, a una casa de campo en donde se vivió un “ambiente cálido y distendido en aquella finca”.
Sin embargo, la situación cambió cuando mencionó a Cassez: “La violencia de su respuesta me dejó de piedra. Yo no contaba con algo así”, pues contrastaba su actitud con la primera posición del panista y dijo que algo estaba cambiando al entonces presidente.
“Algo más grave y que ocurría entre bastidores de la vida política mexicana. Se trataba del papel decisivo que desempeñaba Genaro García Luna, el responsable federal de la Seguridad Pública”, quien dijo, no quería que se extraditara a Cassez.
No es la primera vez que Sarkozy habla del tema, pues en el documental de Netflix sobre el caso, aseguró que en este caso en particular Calderón “no podía tomar decisiones sin su ministro del Interior y su ministro, en este caso en particular, era más poderoso que el presidente”.
De igual modo, El expresidente francés menciona que Calderón Hinojosa llevó a cabo presiones en contra del poder judicial y ministros de la Suprema Corte, llamandolas “prácticas indignas de una dictadura”.
