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Los manifestantes caminaron por las calles de Carrillo, frente la Vicefiscalía, hasta el palacio municipal.
Los manifestantes caminaron por las calles de Carrillo, frente la Vicefiscalía, hasta el palacio municipal.

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Familiares, amigos de Elisa N y Roberta N, quienes fueron víctimas de feminicidio en 2018, alzaron la voz para exigir justicia, debido a que el responsable salió libre y no ha cubierto el pago de reparación de daños.

La tarde del miércoles, más de una decena de personas se reunieron frente a la Vice fiscalía de la zona centro con pancartas en mano, y después caminar por las principales calles de la ciudad, hasta llegar frente al palacio municipal, alzaron la voz pidiendo justicia y protección, por temor a ser de nuevo víctimas.

La inconformidad surgió por la liberación de Jesús Elizama Be Pech, quien fue sentenciado a cinco años de prisión como pena máxima por el doble feminicidio en contra de su novia y su suegra el 23 de agosto de 2018, y para este mes de 2023 fue liberado sin que también haya cubierto la reparación de daños de más de un millón de pesos.

“Cinco años no reviven a Bertha y Elisa, pero alerta, el psicópata ya salió y tiene sed de sangre, ¡mañana puedes ser tú!”“Acudiremos a instancias internacionales, que se reclasifique el delito para que sea juzgado siendo mayor de edad, Elizama Asesino”“Ganó la injusticia”, se leyó en algunas pancartas.

Durante el recorrido, los manifestantes gritaron “Justicia, un feminicida está suelto, Jesús N es una persona no grato”, entre otros, así como con pancartas y una lona con las fotografías de ambas mujeres que fueron privadas de la vida.

Al llegar al palacio, los manifestantes solicitaron ser atendidos por la presidenta municipal, Maricarmen Hernández Solís, además pidieron la intervención de la gobernadora Mara Lezama y del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el caso sea retomado nuevamente.

Alberto N, hijo y hermano de las víctimas, dijo que solicitan que el caso vuelva abrirse y al culpable se le juzgue como un adulto, además que los padres del homicida cumplan con un pago de cerca de un millón de pesos como reparación de los daños causados a la familia, toda vez que se han amparado una tras otra vez hace tres años.

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