En un movimiento que ha dividido aguas en el panorama político mexicano, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados han aprobado la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, una medida que busca reasignar más de 40 mil millones de pesos de ahorros no reclamados de las Afores de trabajadores mayores de 70 años. La reforma fue avalada en lo particular con 251 votos a favor, enfrentándose a 199 votos en contra de partidos como el PAN, PRI, PRD y MC, y registrando cuatro abstenciones.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar promete garantizar jubilaciones dignas permitiendo que los trabajadores se jubilen recibiendo el 100% de su salario promedio de cotización hasta un monto máximo igual al salario mensual promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Para aquellos cuya pensión sea igual o menor a $16,777.78 pesos, se asegura una pensión equivalente a su último salario, con ajustes anuales conforme a la inflación.
Aunque la intención del fondo es claramente ambiciosa y parece apuntar hacia la justicia social, no todos ven esta medida con buenos ojos. La oposición ha levantado la voz no solo en el congreso, donde se manifestó con una significativa cantidad de votos en contra, sino que también ha anunciado que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en caso de que el Senado apruebe la medida. El argumento central es un potencial atropello a los derechos de los trabajadores al disponer unilateralmente de sus ahorros sin su consentimiento explícito.
Este enfoque gubernamental, encabezado por la actual administración de la 4T, ha generado un debate encendido tanto en esferas políticas como en la opinión pública. Mientras que algunos aplauden la medida como una necesaria redistribución de riqueza que beneficia a los más vulnerables, otros la critican por considerarla una expropiación disfrazada que podría sentar un precedente peligroso para la manipulación de fondos privados por parte del Estado.
La controversia no se detiene en las puertas del congreso. En la sociedad, los debates se intensifican y las perspectivas se polarizan. Por un lado, los defensores de la medida destacan la urgencia de proteger a los adultos mayores con pensiones insuficientes, mientras que los detractores alertan sobre los riesgos de la gestión gubernamental de fondos que, en teoría, deberían ser intocables.
Ahora, con la minuta pasada al Senado para su análisis, el país se mantiene en vilo. ¿Será este el inicio de una era de seguridad social más equitativa o un capítulo controversial en la historia de los derechos laborales en México? Lo cierto es que la decisión final en el Senado no solo determinará el futuro de millones de pensionados, sino que también podría redefinir el balance de poder entre el gobierno y los derechos individuales de los trabajadores.
Fuentes: Cámara de diputados, Proceso, UnoTV
QrtvNoticias, Inteligencia artificial al servicio de la información.
